La tasa de usura, creada como un mecanismo para proteger a los consumidores de cobros excesivos por los créditos, volvió al centro del debate financiero en Colombia. Esta vez, el cuestionamiento llegó de David Vélez, fundador y CEO de Nu, quien sostuvo que el límite puede tener un efecto contrario al buscado: dejar por fuera del sistema formal a personas con poco historial crediticio y empujarlas hacia mecanismos informales como el denominado "gota a gota".
La discusión parte de una situación que, según Vélez, tiene una paradoja: cuando una entidad financiera no puede cobrar una tasa que considere suficiente para compensar el riesgo de prestarles a determinados clientes, puede decidir no otorgarles el crédito.
"El resultado para esa persona no es crédito más barato: es quedarse sin crédito", señaló el empresario.
Su argumento apunta especialmente a las personas con poca información financiera disponible. Para una entidad, explicó, evaluar el riesgo de impago resulta más complejo cuando un consumidor no tiene un historial amplio de préstamos, tarjetas o productos financieros.
En esos casos, el empresario sostiene que el límite establecido por la regulación puede hacer que algunas operaciones de crédito dejen de ser viables para las entidades formales.
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En Colombia, la tasa de usura representa el máximo que se puede cobrar por intereses remuneratorios o moratorios en determinadas modalidades de crédito. Su cálculo parte del interés bancario corriente y, para las modalidades correspondientes, se establece como 1,5 veces ese indicador.
La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de certificar el interés bancario corriente para las diferentes modalidades de crédito y, a partir de esa información, se determina el límite máximo de intereses.
Por ejemplo,si el interés bancario corriente para una modalidad fuera de 19,16% efectivo anual, multiplicarlo por 1,5 arrojaría una tasa máxima de 28,74% efectivo anual.
El objetivo de este mecanismo es evitar que los consumidores enfrenten intereses considerados excesivos. Sin embargo,Vélez plantea que el mismo límite puede generar otro efecto cuando el riesgo de una operación es alto.
Su argumento, por tanto, no es que eliminar el tope reduzca automáticamente el costo del crédito, sino que permitiría que las entidades puedan ofrecer crédito a personas que actualmente quedan por fuera del sistema formal, siempre que esa medida esté acompañada de mayor competencia y transparencia.
Para sustentar su planteamiento,Vélez citó un informe de Anif y Colombia Fintech de 2025, según el cual más de 65% de los adultos en Colombia no tenía crédito formal.
El empresario también citó estimaciones del documento según las cuales las tasas anuales promedio del "gota a gota" llegarían a cerca de 382% para personas y 666% para mipymes.
Estas cifras son utilizadas por Vélez para plantear una comparación: una persona que no logra acceder a un crédito formal debido a su perfil de riesgo puede terminar buscando financiación informal, donde los costos serían considerablemente superiores y, según su argumento, pueden existir además riesgos relacionados con amenazas y violencia.
"¿Quién perdería con más alternativas formales? El 'gota a gota'", escribió.
El punto central de su planteamiento es que proteger al consumidor no necesariamente significa únicamente limitar el precio del crédito. Para el empresario, también implica conseguir que más personas puedan acceder a opciones formales, comparar ofertas y construir un historial financiero.
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Vélez también vinculó la discusión sobre la usura con los cambios tecnológicos que atraviesa el sistema financiero colombiano.
Uno de ellos es Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, queel empresario considera una herramienta para que entidades digitales puedan competir con los bancos tradicionales sin tener que desarrollar una extensa red física de oficinas.
A esto sumó los pagos digitales. Según su planteamiento, las transacciones realizadas por los consumidores pueden generar información que, con autorización del usuario y bajo las reglas aplicables al tratamiento de datos, contribuya a evaluar a personas y pequeños negocios que anteriormente tenían poca información disponible para acceder a un crédito.
El tercer elemento es Open Finance, que permite al usuario compartir información financiera con otras entidades para recibir diferentes ofertas.
La lógica planteada por Vélez es que más información puede reducir la incertidumbre sobre el riesgo de un cliente y, a su vez, permitir que más entidades compitan por atenderlo.
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En ese escenario, la discusión sobre la tasa de usura deja de ser solamente una discusión sobre cuál debería ser el límite de los intereses y pasa a otra pregunta: cómo ampliar el acceso al crédito formal sin dejar desprotegido al consumidor.
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El fundador de Nu no planteó eliminar únicamente el límite a los intereses. En su propuesta también incluyó mayor competencia, transparencia en los costos y protección frente a abusos. "Quitar el tope, por sí solo, no basta", sostuvo.
Vélez cuestionó además otros mecanismos mediante los cuales los gobiernos intervienen sobre los precios y citó como ejemplos las políticas de control de alquileres en ciudades como Nueva York y Buenos Aires y la fijación de precios de alimentos en Venezuela. A partir de estos casos, defendió la tesis de que el mercado puede determinar los precios de manera más eficiente que un precio fijado por decreto.
Esa es, en última instancia, la discusión que abrió el empresario: si un límite a los intereses efectivamente protege al consumidor cuando una parte importante de la población queda por fuera del crédito formal, o si se necesitan otras herramientas para ampliar la inclusión financiera.
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