La máxima cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido condenada a penas superiores a 20 años de cárcel tras ser hallada culpable de reclutar a 60 niños, niñas y adelescentes para la guerra en Colombia, entre 2004 y 2018, según confirmó este lunes la Fiscalía de Colombia.
La pena de 20 años y 4 meses recae sobre los máximos jefes guerrilleros, entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista (alias Gabino), Eliécer Herlindo Chamorro Acosta (alias Antonio García), Israel Ramírez Pineda a(lias Pablo Beltrán) y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (alias Pablito), hallados culpables de los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito.
El fallo también alcanzó a otros siete integrantes de la organización, incluidos los jefes del Frente de Guerra Occidental, Emilcen Oviedo Sierra y Miguel Enrique Hernández Padilla, quienes recibieron penas de entre 11 y 14 años de cárcel.
La investigación de la Fiscalía reveló que las víctimas, de entre 8 y 17 años, fueron captadas mediante engaños, amenazas y violencia en departamentos como Chocó, Antioquia o Valle del Cauca. Una vez dentro de la guerrilla, los menores pasaban de realizar tareas de logística y cocina a ser forzados a patrullar, operar comunicaciones, combatir o instalar explosivos.
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Tres de los niños reclutados perdieron la vida en las filas del ELN. El expediente expuso una rutina de abusos que incluía violencia sexual, adiestramiento militar, castigos severos y abortos forzados a menores de edad. Las condenas contra los cuatro integrantes del Comando Central del ELN (COCE) y los siete mandos guerrilleros se dictaron en contumacia, al ser declarados personas ausentes.
Este veredicto se suma a un abultado historial de condenas que los líderes del ELN acumulan sin haber cumplido penas de cárcel. En 2025, Gabino, Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito fueron condenados a 58 años y medio de prisión por la desaparición y homicidio de tres firmantes de paz en Nariño.
A esta cadena de fallos se suma la sentencia de 2024 que los condenó a 28 años de cárcel por el crimen de un concejal de Risaralda, y la de 2020 que les impuso 32 años por el asesinato de dos agentes del CTI en 1998. Ya en 2016, la Justicia en Chocó había sentado un precedente directo contra el COCE al sancionar el uso de niños en el conflicto con casi diez años de prisión.